El Diputado del Común actúa de oficio ante las numerosas quejas por supuestas anomalías en los procesos de baremación y admisión en centros públicos y concertados. El informe anual de la institución detecta "bastantes carencias" de las administraciones en la custodia del derecho fundamental a la educación.
El volumen de quejas sobre "posibles anomalías" en los procesos de admisión de alumnos en los centros educativos, tanto públicos como concertados, es "inquietante", según el Diputado del Común, Manuel Alcaide, que ha decidido iniciar una investigación de oficio para tratar de esclarecer estas denuncias.
Así se recoge en el informe anual que la institución, que hace las veces del Defensor del Pueblo en Canarias, ha remitido esta semana al Parlamento regional. En él, Alcaide recuerda que corresponde al consejo escolar, en primera instancia, y después a las comisiones de escolarización velar por que el procedimiento de baremación y admisión de estudiantes se desarrolle "con todas las garantías". En este sentido, el Diputado del Común precisa que las direcciones territoriales de Educación "están obligadas (...) a constituir tantas comisiones de escolarización como sean necesarias".
"La Administración educativa vulnera la normativa vigente cuando los reclamantes cuyos hijos han sido inadmitidos solicitan la revisión de la baremación aplicada a sus solicitudes y se justifica la imposibilidad de llevarlo a cabo por falta de medios o recursos suficientes destinados a ello", continúa el informe.
Esta precisión coincide con un problema que el Diputado detecta en otras actuaciones de las instituciones con competencias en materia de educación: las referencias a la escasez de medios económicos o personal suficiente para atender las necesidades de los administrados. De esta forma, puntualiza, reconocen "de forma implícita la vulneración del principio de legalidad recogido en la Constitución".
En el caso concreto de los procesos de admisión, el Diputado del Común ya transmitió una sugerencia en 2006 a la Consejería de Educación del Gobierno autónomo para que resolviese esta situación y que "a pesar de que fue aceptada, no ha sido acatada".
Por ello, el defensor del pueblo canario se ha vuelto a dirigir a la Consejería para que informe de "cuáles son las medidas que la Inspección Educativa ha adoptado a raíz de dicha resolución para fiscalizar (...) que la documentación presentada por los aspirantes a cursar estudios en los centros educativos públicos y concertados de Canarias a efectos de baremación de puntuación se corresponde con la realidad".
También le pide que compruebe que los centros "cumplan los presupuestos, condiciones o requisitos legales en el proceso de admisión de alumnos, con la publicación de las listas provisionales y definitivas que incluyan la información exigida y la posibilidad de formular el recurso correspondiente".
Al cierre del ejercicio de 2009, al que se refiere el informe presentado al Parlamento de Canarias, el Diputado del Común seguía a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo.
Por este y otros asuntos -la educación motivó 291 quejas nuevas durante el año 2009, aunque 218 de ellas corresponden a colectivos afectados por un mismo problema-, la institución entiende que en el ámbito educativo del Archipiélago se producen "bastantes carencias" en lo relativo a la obligación de las administraciones de velar por que el derecho fundamental a la educación no se vea transgredido y procurar, "en resumen, una educación de calidad en la que se cubran, al menos, las necesidades básicas personales y de aprendizaje de los educandos, y en la que se facilite el acceso a la educación en igualdad de oportunidades independientemente de las condiciones y circunstancias individuales".
Aunque el informe reconoce que, "al final", las administraciones han colaborado en la información sobre muchos de los expediente de queja, que han sido archivados, existe "un gran número" de ellos "en los que la petición de información tiene que reiterarse varias veces" y se obstaculiza su resolución.
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