Los ayuntamientos tienen una larga tradición en lo que a Universidades Populares se refiere. Sobre la base de un concepto integral de educación, realizan una variada labor educativa ya que las mismas garantizan el acceso de la población a la educación y, también, una marcada apertura en lo que a contenidos, temas y métodos se refiere. Más allá de su cometido educativo, las UU.PP. cumplen una importante función como centro de comunicación, socialización e integración, especialmente en estos tiempos que se caracterizan por una creciente desintegración y falta de solidaridad. En consecuencia, las Universidades Populares son un elemento central de la infraestructura, educativa y social, municipal dentro del marco de los servicios a la comunidad.
La Universidad Popular como institución es muy apreciada por la población; la opinión pública tiene una excelente opinión sobre las ofertas de la misma (a la vista está la gran participación de la ciudadanía en todos los cursos programados).
La crisis financiera del sector público ha generado, también a nivel municipal, una gran presión reformadora que comprende todos los sectores y ámbitos. Esta presión no se limita a una modernización administrativa. Los estándares de los servicios son, igualmente, objeto de debate e, incluso, la variedad de los mismos que prestan las municipalidades.
La situación económica y los problemas que trae aparejados amenazan la correspondiente cobertura de la oferta educativa. Obviamente, como primer paso se deben optimizar los procesos organizativos, aumentar la eficiencia y aprovechar todos los potenciales.
Un argumento adicional en favor de la responsabilidad pública o municipal por la formación continua, son las distintas investigaciones internacionales, como por ejemplo, los informes PISA o el estudio anual de la OCDE ”Panorama de la educación”, en las que se desprende que en este tipo de formación, los ayuntamientos deben desempeñar un papel conductor y regulador, a fin de garantizar la calidad de la oferta y la igualdad de oportunidades de la población, que es y seguirá siendo una tarea pública y municipal con una importante dimensión social.
Las actividades municipales en este campo se han basado siempre en un concepto integral de educación. De acuerdo con este concepto, los contenidos de la formación continua han de ofrecer beneficios en el corto y medio plazo, han de poder aplicarse de manera múltiple y han de considerar la personalidad de los individuos en su totalidad. En consecuencia, si bien se reconoce la dimensión económica de la formación continua, no se la limita unilateralmente al aspecto profesional; en el momento en que esta es vista como un proceso que integra conocimientos específicos y cultura general, cumple una función emancipadora. Desde esta perspectiva, la formación a Lo Largo de La Vida influye, en gran medida, en el desarrollo personal de los individuos y contribuye a la sostenibilidad de la economía y de la sociedad en su totalidad, garantiza el desarrollo de los conocimientos, las destrezas y cualificaciones, además de propiciar nuevas orientaciones laborales y variadas biografías profesionales. La formación continua en las Universidades Populares Canarias es un factor determinante en la construcción de ciudadanía, facilitando, enormemente, la consecución de esos objetivos. Por todo ello, las autoridades han de reconocer a las Universidades Populares como entidades de utilidad pública.
Firmado por trabajadores de los ayuntamientos de: Agaete, Agüimes, Artenara, Arucas, Gáldar, Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Telde, Teror, Valleseco, Valsequillo y Vega de San Mateo.
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